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El sector legal ahorraría 49 millones si imprimiera mejor
DIARIO NEGOCIO   ANDRES GARVI   5/4/2010   24943

Primeros contratos para la puesta en marcha de la nueva oficina judicial


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Aplicando las últimas tecnologías de impresión y mejorando la gestión de recursos internos, el sector legal ahorraría 49 millones cada año.

Esta es la conclusión del informe de la consultora Centre for Economics and Business Research (CEBR) realizado para Oki, compañía de productos ofimáticos. Bufetes, procuradores y juzgados gastan cerca de 540 millones al año en imprimir, de los que 108 corresponden a impresión interna y 432 a subcontratar servicios de imprimir.

Las empresas soportan un gasto muy elevado en impresión subcontratada: el 3,14% de su facturación. Según CEBR, si se utilizaran equipos de impresión más adecuados, las instituciones y empresas podrían ahorrarse hasta 38 millones de euros anuales. Con una mejor gestión de tareas internas de impresión, se podrían reducir costes anuales en 10,4 millones. En total 49 millones anuales.

Inversión comparativa

Estas cifras contrastan con las últimas inversiones para modernizar la justicia, 75 millones en tres años. El Ministerio de Justicia financiará el programa Ius+Red con 47.429.753 euros y el de Industria con 29.110.882 euros, repartidos en tres anualidades, para digitalizar la función registral en los Juzgados de Paz, dotar de mayores servicios a las salas de vistas y la instalación de Quioscos digitales al servicio de los ciudadanos.

Estas inversiones ya se han empezado a adjudicar. La compañía tecnológica española Oesía ha logrado dos contratos dentro de la modernización judicial por un importe de 706.800 euros.

El primero de los contratos —por 521.628 euros— tiene como objetivo la creación de una oficina de calidad de software y pruebas, mientras que el segundo —185.163 euros— se refiere a la prestación de servicios de consultoría para la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en cinco ciudades españolas, entre ellas Madrid.

El Departamento dirigido por Francisco Caamaño se está apoyando en la empresa pública Isdefe para gestionar parte de sus proyectos de modernización y materializar la futura oficina judicial en España.

Por otro lado, ayer entró en vigor la reforma de las leyes procesales para la puesta en marcha de la NOJ. “Este nuevo modelo —en palabras de Caamaño— hará real una Administración de Justicia homologable, en su vertiente de servicio público esencial, a otros servicios públicos avanzados”. Se trata de una auténtica transformación funcional que incorporará las modernas tecnologías de la información.

Críticas judiciales

Este desarrollo no cuenta con el apoyo de todos los funcionarios de Justicia. La oficina judicial, clave en la modernización de los tribunales, verá retrasada su implantación hasta al menos octubre o noviembre de este año, pese a su puesta en marcha. Así lo denunció el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, de implantación mayoritaria en este cuerpo, que advierte del fracaso del modelo por “falta de medios y de voluntad política para sacarlo adelante”.

El portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, denunció que no se ha cumplido "prácticamente nada de lo que había prometido el Ministerio" en cuanto a la entrada en funcionamiento de la NOJ y que los cambios, más bien han sido "a peor". "Eso con total seguridad", aseguró a Europa Press. Criticó que el único cambio será una ampliación de las competencia de los secretarios judiciales, "que se van a ver desbordados"


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